Bolivia y sus Impuestos

Bolivia y sus Impuestos

Impuestos, una palabra agridulce para el ciudadano común, por un lado, es una sustracción de su ingreso, sin embargo, con la finalidad de mejorar su calidad de vida, con la utilización de estos, pero en la región es una palabra de las más temidas para los empresarios y personas y en Bolivia no es la excepción, para una de las naciones con mayores cargas tributarias de la región.

Los impuestos son una cantidad de dinero que normalmente provienen de algún ingreso o transacción del ciudadano que se tiene que pagar a la administración pública con tal de contribuir al bienestar social, comúnmente estos se les utiliza para la salud pública, seguridad nacional, construcción de carreteras, educación, etc.

Este concepto de impuesto debería ser en teoría considerado como el aporte a la cartera estatal, por eso se dice que los gastos que sean financiados con impuestos son financiados con el dinero del pueblo, Bolivia no funciona de manera distinta, este país sudamericano tiene una serie de impuestos que lo transforma en uno de los más complicados de la región.

Según reportes de PwC y el Banco Mundial sobre “pagar impuestos”, Bolivia se encuentra en el puesto número 186 de 189, implicando que, de los 42 procedimientos necesarios para pagar los impuestos, se necesitan 1,025 horas para completarlos, así como contar con una carga impositiva del 83.7%, siendo que más de la mitad de ese porcentaje se concentra en “Otros impuestos”, en una economía donde muchos negocios informales no pagan dichos impuestos.

Los principales impuestos son el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 13%, el Impuesto a las Transacciones (IT) de 3%, el Impuesto a las Utilidades de las empresas de 25%, en este sentido es bastante elevado con respecto a otros países como Hong Kong, sin embargo, el hecho de tener elevados porcentajes en un país con pocas empresas formales, menos del 25%, entonces para el balance de una empresa es aproximadamente el 41% de los ingresos, esta es una de las “causas” por las cuales muchos comerciantes no formalizan sus negocios.

Ahora bien, el segundo dilema además de las grandes cargas tributarias y la burocracia a la hora de pagarlas es la utilización de estas, es decir en la ineficiencia de los gastos del gobierno, estas “filtraciones” son el 7% del PIB, cuando no se destina ni el 10% de la cartera estatal a salud.

Programas como la construcción del Tren Metropolitano en la ciudad de Cochabamba, o la Planta de Urea en el trópico del país, la construcción de canchas de futbol, la Red de Teleféricos de la ciudad de La Paz, buses “Puma Katari”, bonos para los niños, las madres, son ejemplos de la utilización de los impuestos en los últimos años, algunos siendo eficientes y otros no, en lugar de fondos para equipar hospitales, escuelas o el alcantarillado público.

Debido a la pandemia de coronavirus se dieron 2 situaciones, por un lado se tornó más evidente el gasto “mal utilizado” de los últimos años, pero también debido a la delicada situación de los negocios, las personas no podían cumplir con sus obligaciones tributarias, entonces el gobierno instauró otro nuevo impuesto, el Impuesto a las Grandes Fortunas, que va desde la base de 4 millones de dólares en adelante entre bienes, títulos y dinero, siendo un impuesto progresivo de 1.4% a 2.4%, este en conjunto a los otros impuestos han sido el sostén del gobierno en el último año.

En Bolivia este sistema tributario afecta de dos maneras a los ciudadanos la primera, es un efecto negativo para los que, sí tributan, para los que forman parte del sector formal, esto reduce la capacidad de compra que tienen, los salarios se reducen por el impuesto a las utilidades que reciben los ingresos de las empresas, pero también por el impuesto IVA.

Además el daño colateral, Bolivia es el segundo país de Latinoamérica que pasa más horas lidiando con la burocracia y el procedimiento de trámites para impuestos, lo cual significa un sacrificio en el tiempo del ciudadano y normalmente implica sanciones y multas  de hasta 30 mil dólares en muchos casos lo cual encarece y entorpece el proceso, a esto se le añade que en una encuesta realizada por “Ciudadanía Bolivia” en el año 2015, la gente percibía que con relación a los servicios públicos, su calidad de vida se había deteriorado con relación a la última década, sin embargo los ingresos fiscales habían aumentado al igual que las inversiones.

Así mismo los efectos sobre el otro 75% de la población que pertenece al sector informal, por un lado, este sector que genera muchísimo movimiento económico es una pérdida para los ingresos fiscales y una suerte de “polizón” para el sector formal que, sí tributa, ya que capacidad de compra no se ve afectada, ni sus ingresos y tampoco sufren la burocracia del proceso de trámites y multas.

Siendo los impuestos “un mal necesario” en los países para sostener los servicios y funcionarios públicos, la aceptación de las personas o el rechazo siempre radica en la utilización final de estos, es decir países como Francia o Alemania con seguros de salud avanzados y sistemas educativos accesibles para todos los ciudadanos, se presenta como “razonable” para la población.

A medida que estos se “inviertan más” en los países latinoamericanos, estos gastos “ineficientes” dejaran de ser ineficientes y se generará una mayor predisposición por parte de las personas a pagarlos. Para el caso de Bolivia se podría empezar por la restructuración de los impuestos y la facilidad de pagarlos, en cuanto a los procesos burocráticos, pero también en la utilización de los mismos.

En inversiones como equipar escuelas, hospitales, alcantarillado público, el acceso a la electricidad, gas y agua, entre muchas inversiones sociales que se necesitan, así como la necesidad de industrialización de muchos sectores estratégicos que podrían despegar no sólo con alianzas público-privado sino con una reestructuración de las obligaciones impositivas.

María Laura Torrico Ramos
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